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Nota publicada el miércoles, 17 de diciembre de 2008

Baches de México
Por: Manuel Sánchez

Una de las funciones irrenunciables del Gobierno es garantizar una infraestructura básica para el funcionamiento de la sociedad y la economía. Tal concepto incluye, entre otros, la construcción y el mantenimiento de calles y carreteras, el alumbrado público, el suministro de agua y el sistema de alcantarillado.

Estos elementos tienen en común que difícilmente pueden ser proporcionados en un nivel adecuado por los particulares, de forma independiente del Gobierno, porque los ingresos resultantes son insuficientes.

Se trata de bienes públicos con beneficios que el proveedor no puede cobrar plenamente porque exhiben dos peculiaridades: a) no rivalidad, es decir, el consumo de unos no limita el de otros; y b) no excluibilidad, o sea, una vez provisto el bien o servicio para algunos es difícil negar su acceso a otros.

La primera propiedad implica que el precio socialmente deseable a cargar es cero y la segunda, que los beneficiados tienen incentivos de no revelar sus preferencias, por lo que no es posible cobrarles el costo fijo de proveer el bien. Ejemplos de esta clase son los jardines y el alumbrado públicos.

Si, por el contrario, es factible excluir usuarios (caso referido como bien público impuro), entonces el proveedor tiene la capacidad de recuperar sus costos. Dos ilustraciones son las redes de transmisión eléctrica y las autopistas de cuota.

En cualquier caso, la producción o suministro puede estar a cargo del sector público o privado, aunque cabe argumentar a favor del segundo en función de la eficiencia de los costos y la calidad de los productos o servicios. Lo que en realidad diferencia a los bienes públicos es la necesidad de que el Gobierno subsidie su provisión, en la medida en que no pueda cobrarse por los mismos.

La falta de participación gubernamental en esta materia genera el riesgo de una provisión insuficiente o nula de la infraestructura. Para este propósito debe eventualmente recurrir a los impuestos.

Los beneficios sociales de la infraestructura son muy amplios. Facilita el comercio, la especialización y la integración económica al reducir los costos de transporte. Al complementarse con el capital privado y la mano de obra, la infraestructura puede aumentar la productividad total de los insumos haciendo más barata la producción. Además, al acrecentar el rendimiento esperado del capital (por ejemplo, con la mayor durabilidad del equipo de carga propiciada por las mejores carreteras), puede impulsar la inversión privada y el crecimiento económico.

La infraestructura puede favorecer la salud y la educación al ofrecer buenas condiciones sanitarias y el acceso a clínicas y escuelas. Estas bondades amplifican el impacto sobre el crecimiento económico, amparando, en particular, a los más pobres si la infraestructura se extiende a las zonas marginadas.

A pesar de sus grandes beneficios potenciales, la infraestructura en México ha recibido una inadecuada atención gubernamental. La red de caminos y carreteras está rezagada respecto al nivel de desarrollo nacional. La mayoría son caminos de doble vía, en condiciones precarias y con frecuencia peligrosas. La longitud es poco más de tres kilómetros por cada mil habitantes, inferior a la media de América Latina, y sólo una tercera parte de los caminos está pavimentada, proporción menor que en Argentina y Jamaica.

La electricidad es irregular y registra intermitentes suspensiones que reflejan la falta de preservación y la obsolescencia de las redes. Las pérdidas de energía producida pueden superar 30 por ciento y el tiempo promedio de interrupción por usuario, dos horas.

De las poblaciones rurales, casi un tercio carece de agua potable y dos tercios de alcantarillado. Aun en las grandes ciudades los servicios dejan mucho que desear. Esta situación descubre una mala asignación de los recursos fiscales. Los gobiernos de los diferentes niveles se distraen en actividades ajenas a sus funciones esenciales y recortan el gasto en infraestructura antes que en proyectos vistosos o a favor de grupos de interés.

Así, la inversión pública en transportes y comunicaciones, energía eléctrica y sistemas hídricos no alcanza 5 por ciento del gasto directo del sector público presupuestario. Si bien la inversión del sector privado en estos rubros es semejante a la pública, su utilización no compensa las deficiencias de la primera.

Este descuido ha limitado el bienestar y la capacidad de crecimiento económico de México. El Gobierno debería asegurar la provisión de una infraestructura básica de buena calidad, porque en su ausencia nadie más lo puede hacer.


Manuel Sánchez González es doctor en economía por la Universidad de Chicago y autor de Economía mexicana para desencantados (FCE 2006). Su correo es manuel.sanchez@bbva.bancomer.com.

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Fuente: Reforma / México / Versión para imprimir