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Nota publicada el miércoles, 28 de enero de 2009

Los fraudes y la confianza
Por: Manuel Sánchez

El presunto fraude de Bernard Madoff contra importantes ahorradores en Estados Unidos ha generado el temor sobre un posible deterioro de la confianza del público en los sistemas financieros.

El desfalco, cuya persecución inició en diciembre de 2008, fue perpetrado mediante un mecanismo conocido como Ponzi, por el célebre inmigrante italiano que lo practicó en los años 20 del siglo pasado en ese país.

Esta forma de operar consiste en captar ahorros ofreciendo rendimientos elevados, los cuales no son alcanzables con las inversiones financieras (reales o ficticias) realizadas por el intermediario, sino con el dinero de nuevos clientes atraídos por tales beneficios.

Como la sociedad desconoce la verdadera fuente de las ganancias, el mecanismo funciona por algún tiempo. Sin embargo, eventualmente se colapsa, cuando las entradas de recursos son insuficientes para cubrir el principal y los intereses de los que se retiran, resultando en pérdidas para los ahorradores que permanecen.

El presente caso ha ganado notoriedad porque al parecer es el mayor de la historia, con pasivos de aproximadamente 50 mil millones de dólares, y sus víctimas son participantes experimentados, como individuos acaudalados, fondos y bancos.

Madoff era reconocido como experto financiero asociado con comunidades ricas, lo que contribuye a explicar por qué pudo mantener su empresa a pesar de algunas advertencias públicas sobre la imposibilidad de producir los rendimientos reportados, la opacidad de su operación y las investigaciones de las autoridades.

Por fortuna, parece que este evento no producirá un daño amplio. Los fraudes, entendidos como actos de engaño o manipulación de información para provecho pecuniario propio en perjuicio de la otra parte, ocurren y pueden surgir en cualquier área económica por lo que, mientras no sean demasiado frecuentes, no deben sorprender.

Algunas estafas descubren ignorancia. Así, los conocimientos básicos de finanzas permitirían sospechar sobre las ofertas de utilidades elevadas y continuas, que no tienen relación con la trayectoria de los mercados financieros. En el caso de referencia, la debilidad del producto fue menos obvia al generar beneficios moderados y responder puntualmente a las solicitudes de retiro.

Los efectos de los fraudes incluyen una redistribución no pactada de riqueza, con sus ineficiencias económicas y, cuando se descubren, el castigo del defraudador.

La pena legal está sujeta a la definición técnica del delito. Por ejemplo, en la mayoría de los sistemas jurídicos se considera fraude la venta cara de una pintura falsa haciéndola pasar por una obra maestra, pero no la compra barata de una auténtica cuyo valor es ignorado por su vendedor.

Tal vez el principal efecto disuasivo de los fraudes sea el daño irreparable de la reputación del timador. Este resultado hace conveniente la honestidad al empresario, especialmente si su actividad enfrenta competencia y se basa en transacciones repetidas.

Lo anterior permite esperar y comprobar que en naciones con un razonable Estado de derecho los fraudes son la excepción más que la regla y no deterioran notablemente la evolución de la economía.

Por contra, cuando el marco institucional propicia los engaños el perjuicio social puede ser grave, como sucedió en Albania durante 1996-1997, cuando las autoridades permitieron que el sistema financiero fuera dominado por esquemas Ponzi, cuya insolvencia terminó en disturbios, muertes, recesión y la caída del Gobierno.

Al provenir los fraudes de deficiencias de información, muchos solicitan más regulación. Si bien las normas son siempre mejorables, el incidente en Estados Unidos dudosamente justifica más leyes. El mecanismo descrito era ilegal para las instituciones financieras y las autoridades debían haberlo detectado.

Finalmente, es inevitable que haya cierto número de fraudes, por lo menos, por dos razones. La primera es que la causa de las transacciones es la especialización, la cual, como señaló Adam Smith, el padre de la ciencia económica, es fundamental para la creación de la riqueza.

Esta característica implica una delegación de actividades en lo que no se es especialista, es decir, en casi todo, como podría ser la producción de un automóvil, una intervención quirúrgica y la asesoría financiera. Tal encomienda supone la confianza en la contraparte y, sin remedio, la aceptación de cierto riesgo de abuso.

La segunda razón es que el combate de los delitos, incluyendo los fraudes, tiene costos por los recursos asignados a este fin, lo que implica que el nivel óptimo de delincuencia, desde el punto de vista social, es diferente de cero.

En tales circunstancias, parecen apropiadas dos recomendaciones. La primera se refiere a los ahorradores. La responsabilidad individual significa buscar la mayor transparencia posible en las inversiones y mantener una buena dosis de escepticismo, poniendo en tela de duda las promesas de enriquecimiento rápido.

La segunda, aplicable en particular a México, se relaciona con el Gobierno. Su mejor aportación contra los fraudes es el establecimiento de instituciones para el respeto a los derechos de propiedad y la aplicación de las leyes, que favorecen la confianza para realizar intercambios mercantiles con extraños.

Este tipo de confianza, formal e impersonal, es prerrequisito del bienestar porque impulsa la eficiencia y la inversión y multiplica las posibilidades de negocios. La evidencia empírica revela que las sociedades con más confianza generalizada registran mayor crecimiento económico, son menos corruptas y requieren menos regulación.


Manuel Sánchez González es doctor en economía por la Universidad de Chicago y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006). Las opiniones aquí expresadas son enteramente su responsabilidad. manuelsanchez01@hotmail.com

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Fuente: Reforma / México / Versión para imprimir