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Nota publicada el jueves, 19 de febrero de 2009

Los problemas del agua
Por: Manuel Sánchez

La reciente disminución temporal del suministro de agua en el Valle de México revela limitaciones generalizadas de este servicio que pueden superarse con una adecuada política económica.

Del 31 de enero al 2 de febrero pasados se redujo a la mitad el abastecimiento hídrico en la zona metropolitana de la Ciudad de México proveniente del sistema Cutzamala, que proporciona cerca de una cuarta parte del líquido a esta área.

La razón oficial fue el bajo nivel de las presas alimentadoras derivado de una escasa precipitación pluvial. Al final de cada uno de los siguientes cuatro meses se aplicarán ajustes semejantes.

Este racionamiento confirma las restricciones del servicio público de agua y saneamiento en el País, el cual se caracteriza por una cobertura y calidad deficientes.

En 2005 la proporción de la población nacional sin acceso a agua entubada propia fue 13 por ciento y la que carecía de alcantarillado conectado a la red pública superó 32 por ciento. Si se considera sólo el campo, los porcentajes son muy superiores.

En un grado notable, el agua entregada contiene contaminantes. Además, el suministro es irregular y con presión baja. Lo anterior explica la costumbre de construir las viviendas con tinacos y cisternas, lo que impurifica aún más el líquido y contrasta con el estilo de edificación de casi todas las naciones.

Las autoridades suelen enviar pipas de agua periódicamente a algunas zonas sin acceso al fluido entubado y a otras cuando se interrumpe su dotación, para llenar recipientes públicos y permitir el acarreo.

Adicionalmente, la gente busca compensar la falta de agua potable comprando garrafones y líquidos embotellados a proveedores privados.

El servicio público de agua y saneamiento favorece a la salud. Sin embargo, las carencias en esta materia pueden ser críticas, especialmente en las localidades pobres, por lo que conviene identificar las causas del retraso.

Una explicación a descartar es la escasez de este recurso renovable, ya que México recibe cada año, aunque no uniformemente, una cantidad significativa de lluvia en relación con su población.

Una razón más clara es que el agua se emplea de forma ineficiente, como resultado de una definición precaria de los derechos de propiedad y precios de utilización que no reflejan los costos de oportunidad.

El resultado ha sido una infraestructura insuficiente y obsoleta para extraer, tratar y distribuir el agua, la sobreexplotación y la contaminación de los mantos acuíferos, la orientación de este líquido a usos de bajo valor y el desperdicio.

De acuerdo con la Constitución, la Nación es propietaria original de las aguas y puede dar en concesión su aprovechamiento, por lo cual el Ejecutivo federal las asigna según los destinos que considera apropiados.

Así, casi cuatro quintas partes del recurso consumido se destinan a la agricultura mediante concesiones a grupos de individuos para cultivos convenidos, con frecuencia en régimen ejidal.

El cobro de derechos no tiene relación clara con el volumen entregado y la electricidad se subsidia. Si bien se permite el intercambio de licencias exclusivamente dentro de la misma cuenca, ello raramente ocurre.

A pesar de que el Gobierno ha construido una infraestructura de riego cuya extensión es la sexta más grande en el mundo, la agricultura mexicana no destaca internacionalmente, al no orientarse a los cultivos de mayor rentabilidad.

Por su parte, sólo 14 por ciento del consumo corresponde a la provisión de agua potable, mientras que la fracción restante se refiere al autoabastecimiento industrial, incluyendo termoeléctricas.

Los municipios son los responsables legales de proveer los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. El Gobierno federal maneja la infraestructura hídrica básica y en algunos casos, como Cutzamala, el transporte y potabilización de gran escala.

Aunque la Federación impone derechos a los municipios según criterios diversos, éstos no siempre pagan y suelen cargar a sus usuarios tarifas por debajo de los costos de operación y mantenimiento.

Adicionalmente, las administraciones municipales exhiben una efectividad financiera, en promedio, inferior a 50 por ciento, ya que mucha agua se pierde o se roba, gran parte de la distribuida no se mide y otra de la medida no se cobra. En esto último influye la prohibición de las legislaturas locales de suspender el abasto del líquido por falta de pago.

En lugar de una política de precios que envíe las señales adecuadas sobre los usos más valorados por los usuarios, las autoridades recurren a medidas no económicas, como el racionamiento y la exhortación al ahorro voluntario del agua.

En ocasiones se argumenta que si se cobrara el costo total, no lo podrían pagar los pobres. Sin embargo, tal población, especialmente en zonas rurales, con frecuencia carece de ese suministro.

Para superar los problemas, es necesario asignar con claridad los derechos de uso, definidos como porcentajes del agua disponible de cierta fuente, y eliminar cualquier obstáculo a su intercambio, propiciando que el mercado fije el precio mayorista, lo que conduciría a la utilización y distribución eficiente del líquido y el aumento de la productividad.

Siguiendo la experiencia de Chile, convendría enfocar la actuación del Gobierno en la función reguladora, permitiendo que las empresas privadas se encarguen de la operación completa.

En el abastecimiento de agua potable, las autoridades pueden autorizar tarifas que posibiliten a los concesionarios cubrir sus costos y recuperar sus inversiones a cambio de mínimos estándares de calidad, proporcionando subsidios directos a la población de menor ingreso.


Manuel Sánchez González es doctor en economía por la Universidad de Chicago y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006). Las opiniones aquí expresadas son enteramente su responsabilidad. manuelsanchez01@hotmail.com

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Fuente: Reforma / México / Versión para imprimir