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Lauro Ortega Martínez, gobernador de Morelos en el sexenio 1982-1988, siempre me sirve como referencia para señalar los desatinos de actuales gobernantes, aunque hay quienes, con impresionante soberbia, subestiman las experiencias pasadas y vuelven a tropezarse con la misma piedra. No aprenden de la historia. Posteriormente los paganos de los platos rotos somos los periodistas, obligados a retransmitir las inquietudes de la sociedad frente a los abusos del poder, o los mismos ciudadanos.

Muchas veces he comentado además sobre la necesidad de que los mandatarios en turno abran las puertas de sus administraciones a la sociedad, a las universidades públicas y privadas de Morelos y a los colegios de profesionales, lo cual no ha sucedido así. Al cerrarse, los gobernadores padecieron las consecuencias y pagaron altos precios por ese distanciamiento social. Esto último, el distanciamiento social, nada tuvo que ver con el coronavirus Covid-19, sino con la impericia política.

Un ejemplo de la oxigenación de un gobierno fue el periodo 1982-1988.

Siendo jefe del Ejecutivo, don Lauro Ortega demostró lo que puede hacer un solo hombre en el ejercicio del poder público, libre de prejuicios, con altura de miras a favor de Morelos y sin miedo a deslindarse del compadrazgo, el amiguismo, las complicidades, los compromisos y el pago de facturas.

Ejemplo de ello fue la constante remoción de funcionarios de cualquier nivel, sin alterar jamás los niveles de gobernabilidad. Ortega hizo y deshizo con la integración (y desintegración) del gabinete, y movilizó a su antojo a secretarios del despacho, subsecretarios, directores generales, directores y jefes de departamentos, haciendo patente una cuestión: un gobernador fuerte y sin compromisos con los “cuates” no necesita de bules para nadar.

Evitó caer en el personalismo que se caracteriza por promover a incondicionales o “gente de confianza” en los principales cargos, fomentando el tráfico de influencias.

Aquí debo hacer un paréntesis teórico. En su libro Líderes Políticos de México, su educación y reclutamiento (Fondo de Cultura Económica, 1985, página 29), el politólogo internacional Roderic Camp desglosa lo que es el personalismo:

“Para alcanzar el éxito en la política mexicana, se necesita tener acceso a una persona que ya haya triunfado dentro del sistema. Este aspecto del personalismo no implica que todos los funcionarios dependan sólo de la amistad para crearse un lugar dentro del partido o el aparato administrativo de México, sino que el acceso a esas personas por causa de la amistad les da una oportunidad mayor de que se les llame a ocupar cargos de responsabilidad. La amistad y las relaciones familiares también son importantes para las élites políticas y de otro tipo. Las oportunidades para ascender en el sistema están condicionadas por los vínculos creados en los años formativos de las personas que integran las élites”.

Después de haber visto un extenso desfile de gobernadores, puedo asegurarles que prácticamente todos llegaron al poder sin confiar en sus asociados, en particular si se trataba de cuestiones muy problemáticas como es la administración de un gobierno y los recursos públicos. Exceptuando a Lauro Ortega (y esto lo afirmo con absoluta seguridad y conocimiento de causa), el resto de mandatarios dependió más de los familiares, viejos amigos y compadres para ocupar posiciones de confianza. Siempre soslayaron a los profesionales calificados. Y a las pruebas me remito.

Quizás presionado por las circunstancias políticas y sociales, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, hizo dos remociones en su gabinete la semana pasada, en las áreas de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Social, colocando como relevos a personajes presuntamente de su confianza, desconocidos para el grueso de quienes durante muchos años han estado atentos a la vida pública, pero que tendrán a su cargo sectores importantes. El primero relacionado con la actividad primaria de nuestra economía y el segundo con la aplicación de programas de beneficio colectivo, conteniendo recursos estatales, pero también federales, ministrados por la Secretaría de Bienestar Social.

Para los analistas políticos ambos nombramientos fueron tomados como de medio pelo, pero yo no comparto esa opinión, pues si los nuevos titulares de las dependencias llevan a cabo un buen trabajo, sus resultados podrían tener rentabilidad electoral y ser capitalizados en 2021 por el grupo gobernante, básicamente por el Partido Encuentro Social (PES).

Sin embargo, en Radio Pasillo se especula respecto a más cambios. Habrá que verlos y después lo comentaremos aquí. La conclusión es que el gobierno estatal sigue cerrado, como ya lo indiqué líneas atrás, a la UAEM, a las universidades privadas y a los colegios de profesionales. A ver.