W Radio, Loret y las teorías de la conspiración

Después de la sanción que impuso la Secretaría de la Función Pública a la Revista Nexos por la falsificación de un documento, este miércoles de nuevo se cuestionó la posible intervención presidencial, esta vez, por la modificación del Consejo de Administración de Radiópolis con la que la madrugada del miércoles, Francisco Cabañas dejó el cargo como director general de la compañía, dando lugar a Ignacio Carral Kramer, desató varias teorías conspirativas para acusar un cambio en la línea editorial de varias estaciones, como W Radio y Televisa Radio, donde Carlos Loret de Mola y el payaso “Brozo” comparten espacio.

Algunos vincularon este episodio como una advertencia de cambios que podían contener sanciones contra Loret de Mola por la publicación del video en el que aparece el hermano del presidente, Pío López Obrador, recibiendo dinero en efectivo, dentro de su plataforma digital.

Al empresario Carlos Efraín Cabal Peniche, quien junto a Miguel Alemán Magnani intentó tomar a la fuerza el control de Radiópolis, se le ha ligado al mismo tiempo con el expresidente Carlos Salinas de Gortari que con Andrés Manuel López Obrador, quien ha repetido en innumerables ocasiones que el empresario no tiene nada que ver con la Cuarta Transformación y tampoco con él en el plano personal.

Ambos comparten el lugar de crianza: Tabasco. Cabal Peniche a sus 64 años ya ha vivido la rueda de la fortuna y también de la desgracia, pues fue encarcelado en Australia por malos manejos de su empresa bancaria, que logró consolidar con cantidades millonarias tras pasar dificultades como campesino agricultor de plátano y comercializador de camarón. En eso también se parecen: tanto el presidente como el empresario han conocido lo mejor y lo peor, logrando llegar hasta la cima de sus respectivos intereses. Uno empresarial, otro político.

Ignacio Carral Kramer “asumió el control la inversión mexicana (de Radiópolis), la que designó a la mayoría de los miembros de dicho consejo y al señor licenciado Miguel Alemán Magnani, Presidente del mismo, habiendo sido todos y cada uno de los poderes, facultades y autorizaciones previamente otorgados, expresamente revocados (a Francisco Cabañas)“, según el comunicado oficial de la empresa.

El asunto es que al igual que Carlos Slim, Cabal Peniche difícilmente habría podido acelerar tanto su crecimiento económico sin el empujon salinista. Apenas en julio, gracias a su capacidad económica, participo en el rescate de Internet con otro grupo de inversores que juntaron 150 millones de dólares, otra de las inversiones que tiene la familia Alemán Magnani.

Durante semanas, en lo que pareciera ser una teoría de la conspiración, han difundido rumores de que Cabal Peniche estaría en la construcción de sucursales del Banco del Bienestar. De hecho, fue el columnista Darío Celis quien publicó el 3 de junio en El Financiero que a través de Alejandro del Valle, el empresario se vincularía con Hacienda y el proyecto obradorista. Tema desmentido por el propio presidente.

Lo que es verdaderamente delicado es que en una ofensiva de grupos dominantes en desacuerdo con el presidente, se construyan teorías de la conspiración que en vez de alentar el ejercicio democrático de la libertad de expresión y el derecho a la información, distraigan la opinión pública ligando a personajes cuestionados sin elementos de prueba como contratos o decretos.

POR CIERTO, las acciones que sí tendrían que ser revisadas por el poder judicial e inclusive, revocadas por violar el principio de proporcionalidad, son las de la Secretaría de la Función Pública ante el caso de la revista Nexos, ya que las sanciones aplicadas en su contra no abarcan únicamente la sanción económica de casi un millón de pesos por un contrato de apenas 70 mil, sino que involucra la distribución de libros y revistas editados por Cal y Arena, que según el escritor Raudal Ávila, podrán ser eliminadas de los puntos de venta como el Fondo de Cultura Económica o cualquier librería de carácter público ante la “prohibición” ordenada por la Secretaría para que cualquier dependencia contrate con ellos.

Falsificar es un delito y merece ser sancionado, pero sacar de circulación los libros y revistas de Cal y Arena es una determinación que según expertos, excede de las facultades de la propia Secretaría, violenta la libertad contractual y tristemente, afecta el derecho ciudadano de acceso a la información y productos literarios. Ojalá que el antecedente académico de su titular y su tradición democrática le permita recular al respecto.

 

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