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La Comisión de Cultura del Senado lamentó que muchos de estos espacios carecen de internet, electricidad, otras sufren falta de acervos; van por Ley General de Bibliotecas.

Foto: Especial

A lo largo del territorio nacional existen 7 mil 413 bibliotecas, muchas de ellas sin electricidad, menos internet, otras sufren  falta de acervos y la existencia de materiales bibliográficos o hemerográficos sin vigencia, abandonadas a su suerte, al paso de la modernidad y sobre todo a la indolencia los gobiernos de todos los colores.

Prueba de ello es que tan solo en el 2018 prácticamente no hubo dotación de libros:  apenas se compraron 33 libros, para las más de 7 mil bibliotecas que existen en el país.

Ante ese escenario, la comisión de Cultura del Senado va por la Ley General de Bibliotecas,  a fin de actualizar las directrices para la dotación de libros y material audiovisual que modernice la Red Nacional de Bibliotecas Públicas que proporciona servicios gratuitos a más de 30 millones de usuarios anualmente.

La iniciativa  reconoce que la cobertura de servicios que ofrecen estos recintos en el país sigue siendo insuficiente, pues se estima que en 175 de los 2 mil 457 municipios del país no se cuenta con bibliotecas públicas.

La presidenta de la comisión de Cultura del Senado, Susana Harp Iturribarría explicó que tampoco se ha dotado de nuevas colecciones a las bibliotecas, y gran parte de ellas no tienen acceso a internet, pero de manera especial  destaca la alta movilidad del personal responsable de la atención a los usuarios de las bibliotecas, así como su baja remuneración salarial.

Tampoco existe un sistema de búsqueda general interbibliotecaria que permita localizar libros especializados, raros o descatalogados en el universo de bibliotecas públicas, privadas y especializadas que hay en el territorio nacional, se señala.

Se expone que las bibliotecas públicas están adscritas a diferentes órdenes de gobierno y dependen de varias instituciones, lo que hace complejo establecer un estándar en cuanto a servicios bibliotecarios y respecto de los acervos de consulta.

Si bien existen elementos generales que han permito abrir bibliotecas públicas en muchas localidades del país, persisten diferencias e, incluso, asimetrías considerables en la prestación de los servicios, a pesar de los procesos de certificación de las personas responsables de los servicios bibliotecarios, se subraya.

Ante este panorama, las y los legisladores proponen establecer las bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno, definir políticas de establecimiento, sostenimiento y organización de estos centros de conocimiento y las normas básicas de funcionamiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas así como la integración del Sistema Nacional de Bibliotecas.

Otro de los objetivos es que el personal destinado a la operación de una biblioteca deba ser capacitado, por lo que será obligación de las autoridades ofrecer capacitación continua y pertinente a los trabajadores.

Sugieren definir a la biblioteca pública como un espacio dinámico dispuesto para la consulta de publicaciones impresas, digitales o virtuales, o una combinación de ellas, superior a 500 títulos, catalogadas y clasificadas en los términos de las normas técnicas y administrativas aplicables.

Asimismo, plantean fortalecer las atribuciones de los estados en lo relativo a las redes estatales de bibliotecas, integración de sus acervos, uso de normas técnicas de catalogación y clasificación del material bibliográfico, actualización tecnológica de los recintos, dotación de servicios, temas de conservación preventiva y correctiva de las colecciones y las referentes al nombramiento y remuneración de las y los bibliotecarios, entre otros temas.